El agua es, sin duda, el recurso más importante para el género humano. Si bien la cantidad de agua presente en el planeta es enorme (se estima que hay 1,34 millardos de kilómetros cúbicos), el 96,5% es salado, pues corresponde a los océanos y mares de la Tierra, razón por la cual el hombre no puede consumirlo directamente ni utilizarlo en la agricultura o la ganadería.
De ahí que sólo el 3,5% del agua del planeta pueda, en teoría, ser utilizado por el hombre. Sin embargo, el 70% de esta “pequeña” cantidad no puede ser aprovechado, puesto que se encuentra recluido en los hielos de la Antártida y de Groenlandia o en los demás glaciares situados en las cadenas montañosas del planeta.
Por lo tanto, la cantidad de agua que se encuentra efectivamente disponible para el hombre corresponde al 1% del agua total de la Tierra, la cual se halla en los lagos (naturales o artificiales), en los ríos y en las aguas subterráneas.
A partir de los últimos veinte años, en varias zonas de la Tierra han surgido complejas crisis humanitarias y sociales debidas a la persistente carestía de agua limpia. Estas situaciones ocurrieron tanto por el aumento exponencial de la población mundial (7000 millones de personas en el 2011), como por insensatas políticas de extracción forzada del agua de lagos y ríos para favorecer producciones agrícolas (como el caso del Mar de Aral), pero también a causa de la construcción de digas exageradamente grandes que han obstruido el flujo de los ríos y modificado los ecosistemas. El último motivo, muy importante, es el acaparamiento de las fuentes hídricas limpias por parte de poderosas multinacionales, las cuales, a falta de competencia, comenzaron a vender a altos precios “su agua” a inconscientes consumidores.
En los tres países donde se consume más agua en el mundo (India, China y Estados Unidos) ocurren continuamente crisis ambientales y sociales a causa de la escasez de agua.
En India, país donde vive el 17% de la población mundial (1200 millones de personas), la mayoría del consumo de agua se debe a la agricultura (86%).
En China, país de 1340 millones de personas, muchísimos ríos y lagos están sucios debido a los altos niveles de contaminación industrial. El río Amarillo (Huang-Ho, de más de 5000 kilómetros de longitud), contaminado y aprisionado en enormes digas construidas con el fin de producir electricidad, perdió su fuerza y en el estuario es un poco más ancho que un arroyuelo. La situación de aprovisionamiento hídrico se hizo crítica en la capital china, Pequín, donde durante largos meses sus habitantes sufrieron la falta de agua.
También en los Estados Unidos de América se han verificado en los últimos años continuas crisis hídricas, debidas a forzadas extracciones de los acuíferos (por ejemplo, el caso de Ogallala, entre Texas y Nuevo México), que no se están renovando justamente por la escasez de lluvias.
Asimismo, en los países de Medio Oriente (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Libia, Yemen, Kuwait y Omán) hay una crónica carestía de agua, debida sustancialmente al clima árido y a la falta de ríos y precipitaciones. En estos países, donde la población está en continuo aumento, se erigieron implantes de desalinización marina, los cuales, sin embargo, son costosos y contaminantes.
En la mayoría de estos casos, la escasez o ausencia de agua causan terribles carestías, ya que no se alcanza a irrigar los campos y, por consiguiente, se pierde una gran parte de la producción agrícola. En otros casos, como por ejemplo en África subsahariana, la pésima calidad del agua provoca graves enfermedades que a menudo ocasionan la muerte a personas cuyo sistema inmunitario se encuentra débil.
Los primeros cuatro países donde, en cambio, hay más abundancia de agua, en términos absolutos, son respectivamente Brasil, Rusia, Canadá y Colombia.
Lamentablemente, justo en estos países –así como en muchos otros- poderosas empresas multinacionales se han apropiado desde hace un tiempo de las fuentes de los principales ríos, de donde surge el agua pura, o han tomado en concesión lagos y aguas subterráneas con el propósito de lucrarse con la administración y la venta de agua a quienes la utilizan finalmente, quienes de ciudadanos poseedores de derechos se convirtieron en simples consumidores.
En el 2000, en apenas el 1% de los municipios brasileros se habían dado concesiones a empresas privadas para gestionar y vender agua, la cual era administrada casi totalmente por entidades públicas, cuyas tarifas eran bajas. Hasta el 2006 se privatizaron 52 entidades públicas (información: ABCON). Tan sólo en el 2007 se dieron en concesión a empresas privadas 7 entidades para la distribución de agua, las cuales anteriormente eran públicas.
Por ejemplo, en julio del 2000, el municipio de Campo Grande (capital del Mato Grosso del Sur), dio en concesión a Aguas de Barcelona, una empresa vinculada a la multinacional Suez, la gestión y distribución del agua en el área metropolitana de la ciudad.
Según los que apoyan la privatización del agua, estas concesiones introducen buenos ingresos en las cajas de las entidades administrativas locales y mejoran el servicio. Quienes, en cambio, están en contra de este proceso, sostienen que con las empresas privadas los costos suben y los barrios pobres no ven mejorado su acceso a la red hídrica. La empresa Suez-Lyonnaise des Eaux, que está presente también en Manaos con una concesión de treinta años, sostiene, por el contrario, que desde que comenzó su administración el acceso a los barrios pobres ha progresado, llegando a cubrir a un 95% de la población.
En todo caso, las tarifas aumentaron allí donde la administración del agua es privada, por ejemplo en Manaos (empresa Suez) o en el Paraná (donde se encuentra la empresa francesa Vivendi, que hoy se llama Veolia). En la actualidad, las concesiones privadas en Brasil son aproximadamente 70 en 10 de los 26 estados.
En Bolivia, el conflicto social que va en contra de la privatización del agua ha sido muy fuerte sobre todo durante las protestas de Cochabamba en el 2000.
Alrededor de la mitad de los años 80, el país andino estaba hundiéndose en un caos económico sin precedentes, con una inflación en aumento. Los gobernantes de entonces se sometieron al exceso de poder del Banco Mundial y pidieron préstamos, debilitando todavía más el país. Para afrontar estas deudas, se permitió la entrada masiva de inversionistas internacionales que se apropiaron de varios sectores de la economía, como el sistema telefónico, el estratégico de los hidrocarburos y las líneas aéreas.
A causa de las presiones del Banco Mundial, la administración y distribución del agua en Cochabamba, ciudad de un millón de habitantes, situada entre La Paz (capital política) y Santa Cruz de la Sierra (capital económica de Bolivia), fue dada en concesión a un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari, compuesto por las empresas Bechtel Enterprise Holdings (USA), International Water Limited (UK), Edison (Italia), Abengoa (España) y las dos empresas bolivianas ICE Ingenieros y SOBOCE.
El presidente boliviano Hugo Banzer permitió la ampliación de la concesión de Aguas del Tunari a 40 años, pero cuando el gobierno aprobó la ley del 2029, que permitiría un monopolio efectivo de Aguas del Tunari, muchos grupos de ciudadanos comenzaron una fuerte protesta en defensa del agua pública porque vieron en Aguas del Tunari una verdadera amenaza para su futuro.
La protesta explotó en enero del 2000, cuando un mánager inglés del consorcio declaró que se quitaría de inmediato el servicio hídrico a quien no pagara puntualmente. Las cuentas eran altísimas: piénsese que una familia normal (los ingresos mensuales eran de aproximadamente 70$ por persona en el 2000), estaba obligada a pagar unos 20$ al mes.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía fueron muy violentos no sólo en Cochabamba, sino en todo el país. Hubo muchísimos arrestos y cientos de heridos.
Las organizaciones para el agua pública realizaron un referéndum, cuyos resultados arrojaron que el 96% de los votos exigía que la concesión con Aguas del Tunari debía ser anulada. Empero, el gobierno ignoró el referéndum y las protestas se vigorizaron en abril del 2000.
Cuando el gobierno encarceló a varios líderes del movimiento para el agua pública, llamado La Coordinadora, entre quienes estaba Oscar Oliveira, la protesta se intensificó aún más y se extendió prácticamente por todo el país. La gente exigía no sólo la anulación del contrato con Aguas del Tunari, sino también mejores condiciones salariales en general. El país estaba sumiéndose en el caos.
El 8 de abril del 2000, el presidente Banzer proclamó “estado de emergencia”, una medida excepcional que tiene por fin mantener el orden del país. A la policía le dieron poderes extraordinarios y se estableció el toque de queda.
En los días siguientes hubo varios enfrentamientos cruentos entre las fuerzas que promulgaban el orden y los manifestantes, durante los cuales hubo varios muertos. Los mismos policías entraron en huelga pidiendo un aumento de su salario y de igual forma actuaron los militares. La protesta se extendió a las demás clases sociales como los profesores de escuelas y los cultivadores de coca. La muerte violenta de un estudiante, Víctor Hugo Daza, no hizo más que empeorar la situación. Entonces los gerentes del consorcio Aguas del Tunari decidieron abandonar Cochabamba y se dirigieron a Santa Cruz de la Sierra.
Fue entonces cuando el líder del movimiento para el agua pública, Oscar Oliveira, obtuvo del gobierno la anulación del contrato con el consorcio Aguas del Tunari. Por fortuna, el gobierno se dio cuenta de que insistir en querer privatizar el agua a toda costa llevaría el país a un colapso. A continuación, el consorcio Aguas del Tunari inició una demanda internacional contra el Estado de Bolivia por “ingresos faltantes”, como si el agua boliviana fuera un bien vendible de su propiedad.
Aunque la administración del agua en Cochabamba volvió a ser pública y a estar en manos de la entidad SEMAPA, los problemas no se terminaron, pues en el 2006 hubo una considerable ineficacia en la distribución del agua y a menudo se tuvo que interrumpir el suministro. Según los responsables de la entidad pública, faltaron fondos para reestructurar el sistema que ya era obsoleto para la ciudad de Cochabamba.
De la misma manera, en la ciudad de La Paz, donde el sistema de gestión y distribución del agua está, en cambio, privatizado (Aguas de Illimani, una subsidiaria de la francesa Suez), los problemas de ineficiencia y altas tarifas continúan.
En Argentina, de 1991 a 1999, hubo masivas privatizaciones de varios sectores estratégicos, como el del agua. Las concesiones dadas a empresas privadas cubrían más del 60% de la población del país. En 1993, la francesa Suez obtuvo una concesión para la gestión, la distribución y la venta del agua en el área metropolitana de Buenos Aires (13 millones de habitantes). Dicha concesión fue revocada en el 2006 y la administración del agua regresó al sector público.
En Colombia, de 1997 al 2007 se privatizaron aproximadamente 40 entidades públicas que distribuían el agua a precios estables. Hoy en día, las empresas privadas tienen el control de la gestión, distribución y venta de agua en muchos municipios colombianos, para un total que se acerca al 20% de la población del país.
La privatización del agua comenzó en Cartagena de Indias en 1996, para después extenderse a otras ciudades de la costa caribeña y del interior. A menudo, la gestión de los acuíferos y de la distribución del agua es mixta, o bien, en parte pública y en parte privada. En la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, la empresa privada AAA mejoró el servicio, pero los precios aumentaron considerablemente.
El problema de la administración del agua en las ciudades colombianas es la situación de monopolio efectivo de algunas empresas privadas que aumentaron las tarifas exageradamente sin ofrecer al ciudadano la posibilidad de elegir entre varias opciones de aprovisionamiento.
En la mayoría de los casos, en Colombia, las aguas subterráneas están situadas en los páramos. La explotación minera (sobre todo aurífera) es una constante amenaza para la calidad de las aguas que podrían estar contaminadas de cianuro o mercurio, elementos utilizados en el proceso de extracción de muchos minerales, entre los cuales, el oro.
En conclusión, en muchos países de Suramérica está todavía en curso un proceso de privatización del agua, recurso fundamental para la vida de los seres humanos. En algunas ciudades de este continente, como por ejemplo Cochabamba o Buenos Aires, se revocaron concesiones a empresas privadas, por lo general extranjeras, para restablecer un sistema público de administración y distribución del agua.

YURI LEVERATTO
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